Por Humberto Francisco Guerrero Rosales

En días recientes el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” publicó su informe Poder Militar, en el cual hace un balance de los dos primeros años de funcionamiento de la Guardia Nacional (GN). Las conclusiones principales son las esperadas desde el surgimiento de la GN: primero, la Guardia ha sido un cuerpo de seguridad predominantemente militar, y segundo, opera sin controles civiles robustos. Un dato del informe ha resultado revelador, el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la GN, David Enrique Velarde, está vinculado a casos de tortura. Lo anterior nos recuerda que nuestra crisis de violencia es también una crisis de impunidad y cualquier estrategia de seguridad que se implemente seguirá fracasando, si se empeña en obviar ese hecho.

En el contexto de las discusiones en torno a la creación de la Guardia Nacional, desde Fundar reconocimos el cambio de este gobierno en su relación con las víctimas de la violencia. Asumir la dimensión de la crisis de desapariciones ha sido un avance fundamental, tomando en cuenta la política de negación de las administraciones anteriores. Asimismo, valoramos el cambio sustancial que se ha dado en la forma de diálogo con las víctimas, a quienes esta administración reconoce su dignidad y su aporte. La creación de la Comisión presidencial para el caso Ayotzinapa y la estrategia para abordar la crisis de identificación forense del país fueron muestras claras de este cambio. Sin embargo, los avances que se pudieran dar con estas acciones y la confianza que se pudiera reconstruir, se puso en riesgo con la aprobación constitucional de la GN, la cual da continuidad a un modelo de seguridad incompatible con una democracia, ya que se trata de una política pública que, según nos dice la historia y la evidencia, generará daños imposibles de reparar en la vida de las personas.

Lo que dice una Constitución no son sólo palabras ni es una mera formalidad. El modelo constitucional de una democracia está conformado por principios sustantivos, de los cuales depende la validez de toda política pública. Los principios sustantivos del modelo constitucional de México, en particular la democracia como forma de vida, están cimentados en derechos, que incluyen los derechos a la libertad y seguridad personales, acceso a la justicia y debido proceso. El cumplimiento de estos principios democráticos debería materializarse en la subordinación del poder militar al poder civil, el establecimiento de mecanismos estrictos de rendición de cuentas desde la justicia penal ordinaria y en la regulación de supuestos de intervención de las fuerzas armadas en circunstancias realmente extraordinarias.

Con quienes impulsaron la creación de la Guardia Nacional, en su momento compartimos la conclusión de que vivimos una situación de violencia sumamente compleja que requiere de acciones decididas y medidas de carácter extraordinario, pero no necesariamente compartimos el diagnóstico previo. Para Fundar, tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, o se han envuelto en la dinámica de la violencia y se han vuelto parte o causa de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, no se trata de situaciones extraordinarias que representan una amenaza para la paz (previstos en la Constitución), sino de ausencia de Estado de derecho. Y en ese sentido, se trata sobre todo de una crisis de impunidad.

Así, además de sumarnos a la exigencia del Centro ProDH para que desde el gobierno se tomen todas las medidas para hacer de la Guardia Nacional un cuerpo de seguridad realmente civil, consideramos que se necesita un modelo de seguridad que incluya una política criminal de acción contundente de cara a los delitos que han deteriorado profundamente la confianza del pueblo en las instituciones: las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los feminicidios. La investigación y desmantelamiento de la macrocriminalidad que ha permitido la impunidad en estos delitos requiere de investigaciones complejas para identificar patrones y las estructuras que le dieron soporte. En este sentido, no se pueden dar tareas de investigación de delitos a las fuerzas armadas ya que no están capacitadas y, en muchos casos, se han visto involucradas en la comisión de este tipo conductas, poniendo en riesgo la imparcialidad de las investigaciones y generando una profundización de la desconfianza.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

Fundar

https://dev.sinembargo.mx/author/fundar/

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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